Miércoles 29 de Julio de 2020 18:36

Escrito por Comunicado

Hermosillo, Son., julio 29 de 2020.- Necesidad urgente de flujo por 376 millones de Pesos para atender la contingencia por Covid-19 en Sonora, informó Alfredo López Mercado, Subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Salud, mientras que Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades sostuvo que los grupos vulnerables son los que se han visto mayormente impactados durante la contingencia, esto ante los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Sonora.

Álvarez Hernández comentó que la vulnerabilidad es una mezcla de determinantes biológicos, ambientales y sociales, tanto de nivel personal como comunitario. Por este motivo, sugirió reorientar acciones y recursos hacia los territorios y grupos que han resultado más afectados.

Por su parte, el presidente de la comisión, diputado Filemón Ortega Quintos, mostró disposición para trabajar en conjunto y hacer lo correspondiente desde el Poder Legislativo para apoyar a la población en la gestión de recursos y acercar programas tanto de prevención y combate a la pandemia.

“Hemos trabajado en solventar las necesidades y problemas que hay en cada uno de los distritos y tratamos de solventar las deficiencias, pero si bien es cierto, los recursos no están probablemente bien distribuidos por entidades”, detalló.

Gerardo Álvarez explicó la situación epidemiológica y las cifras que presenta Sonora en la actualidad, siendo el estado que presenta más casos por millón de habitantes, con 5 mil 500 casos, además de presentar una tasa de mortalidad por COVID 19 de 551 muertes por cada millón de habitantes.

La diputada Rosa Isela Martínez Espinoza cuestionó sobre las pruebas que contempla o se han aplicado a través del Programa “Anticipa” en la población vulnerable, misma que tiene como objetivo privilegiar a las personas sin importar la derechohabiencia, basándose en la detección oportuna de sospechosos y su atención integral.

Por su parte, la legisladora Diana Platt Salazar insistió en activar un programa de monitoreo a pacientes que han salido positivos en los municipios para prevenir futuros contagios y así disminuir las cifras tanto de mortalidad como de letalidad y ocupación hospitalaria.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes hizo referencia a su preocupación en cuanto al actuar del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el manejo de la pandemia y sus declaraciones, aunado al trabajo coordinado que tiene con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

En la sesión, Alfredo López Mercado, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, presentó un informe detallado de los recursos que se han ejercido para atender la contingencia, abordando temas de recursos extraordinarios, contratos, distribución de equipo médico, distribución de equipo de protección personal y recursos autorizado por la Ley Número 87 de infraestructura.

Detalló que el presupuesto para la atención por COVID-19 a diciembre es de mil 250 millones de pesos, con una suficiencia presupuestal autorizada de 600 millones de pesos y un flujo pagado de 120 millones, presentando una necesidad urgente de flujo por 376 millones de pesos.

López Mercado dijo que al día de hoy está pendiente liquidez urgente para atender los pasivos de la contingencia por tener vencimientos con proveedores de hasta 120 días que repercuten en el abasto de medicamento (azitromicina, ibuprofeno, ivermectina y propofol, entre otras); equipo de protección personal e insumos de laboratorio; y reconversión hospitalaria.

Explicó que el recurso autorizado por 542 millones de pesos, según la Ley de Disciplina Financiera, podrá ser únicamente suministrado para proyectos de infraestructura y obra nueva para ejercicio del año 2020.

Alfredo López Mercado anunció que darán a conocer dos ligas con los registros correspondientes a las compras y uso del recurso por Covid-19; además, comentó que desde el inicio de esta contingencia el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) ha estado realizando auditorías para abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

Para continuar, el presidente de la comisión dictaminadora sometió a votación la iniciativa original presentada por el diputado Luis Mario Rivera Aguilar con proyecto de Ley para la Protección del Personal Sanitario y de Emergencias en el Estado de Sonora, la cual fue sujeta de varias modificaciones que se realizaron tras su análisis en el articulado.

Posteriormente, se votó por unanimidad el dictamen a favor de la iniciativa con las modificaciones al proyecto de Ley, mismo que se conforma por diez artículos y dos artículos transitorios.

El diputado Luis Mario Rivera Aguilar agradeció el apoyo de sus homólogos y expuso que las modificaciones se hicieron basadas en un análisis en conjunto con la Secretaría de Salud y las observaciones de los diputados del Congreso del Estado de Sonora.

Jueves 23 de Julio de 2020 19:12

Escrito por Comunicado

Hermosillo, Son., julio 23 de 2020.- Un llamado de atención a las autoridades encargadas de la supervisión y control de precios de medicamentos, productos necesarios para la protección de la salud y alimentos, principalmente en este estado de emergencia sanitaria, hizo la Diputación Permanente del Congreso del Estado.

Mediante exhorto dirigido a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como a la titular del Poder Ejecutivo estatal, el resolutivo propone que, de manera coordinada, establezcan medidas de supervisión constantes y permanentes que tengan como objetivo evitar incrementos indebidos en los productos de primera necesidad, y se sancione, en su caso, a quienes resulten responsables.

El punto de Acuerdo fue presentado por los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores, quienes plantearon que la libertad de comercio no puede ir en contra de la salud, de ahí que hacen el llamado al Estado para que se busque un mecanismo idóneo que tenga por objeto regular que todos los aspectos de los actos de comercio, principalmente de alimentos y medicinas, vayan orientados a la protección de la salud.

Durante las últimas semanas se han presentado en diversos medios de comunicación, denuncias ciudadanas y opiniones en contra de los aumentos que han sufrido diversos productos considerados como de primera necesidad, como lo son los alimentos y medicinas, expuso Duarte Flores.

“En estos tiempos de contingencia sanitaria, quienes legislamos debemos ser portavoces de esas inconformidades de la sociedad y hacer lo que nos toca para que este fenómeno no se siga presentando y afectando así la economía de nuestros representados”, aseveró.

El Presidente de la Diputación Permanente dijo que deben generar las acciones legislativas necesarias, como el llamado de atención a las autoridades encargadas de la supervisión y control de precios de medicamentos y productos necesarios para la protección de la salud, principalmente en este estado de emergencia sanitaria.

En esta sesión ordinaria de la Permanente, el diputado Martín Matrecitos Flores presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y a la Ley Estatal de Responsabilidades, con el objeto de restringir en los ámbitos estatal y municipal, la basificación de personal de confianza y de honorarios.

Afirmó que el gasto corriente que emplean los gobiernos estatal y municipales es elevado y pudiera reducirse si se implementaran políticas de austeridad y de eficiencia en el gasto público.

“A nivel estatal ya se tuvo una experiencia de este tipo que incluso fue denunciada por la Gobernadora del Estado al inicio de su administración, donde cientos de trabajadores de confianza fueron basificados al concluir la administración pública estatal 2009-2015, las cuales si bien es cierto que fueron revocadas, no podemos permitir que suceda una situación similar al concluir este gobierno”, expresó el legislador.

La iniciativa, que se turnó para estudio a la Comisión de Asuntos del Trabajo, también plantea que se considere como una falta grave por parte de un servidor público, la omisión a esta restricción impuesta tanto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estatal como en la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Enseguida la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza propuso que este Poder Legislativo presente ante el Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Sostuvo que la carga impositiva de la cual es cautiva la clase trabajadora, deja al descubierto un área de oportunidad que bien pudiera explotarse en estos momentos para motivar la reactivación económica, por lo que una disminución parcial del 50 por ciento del cobro del ISR a la clase trabajadora, derivaría en un incremento sustancial para las clases más desprotegidas y cautivas del pago de este impuesto.

“Esto permitiría mayores flujos en los consumidores y aumentar su capacidad de gasto y con base en principios económicos, resultaría en una oportunidad en lo que se asienta la recuperación de los sectores productivos”, externó.

También permitiría una recuperación de la precarización del ingreso e incentivaría por igual la inversión privada, debido a su representación como estímulo fiscal; motivaría el incremento de la formalidad de muchas empresas e impulsaría a otras a aumentar su plantilla laboral y su producción y, por ende, una recuperación paulatina del millón de empleos perdidos derivados de la contingencia, indicó la legisladora.

Como penúltimo punto del orden del día, el diputado Lázaro Espinoza Mendívil, a nombre de la Comisión Especial COVID-19, presentó un informe en seguimiento a las actividades que el Ejecutivo estatal realiza en el combate a la pandemia, el cual abarca desde su instalación el 21 de mayo hasta el pasado 7 de julio.

Expuso que el plan de trabajo fue con base a los objetivos que dieron origen a la comisión: buscar la problemática que ha generado la pandemia, elaboración de un plan estratégico donde se priorizara atender la crisis, reactivar la economía y la paz social.

Espinoza Mendívil agregó que se estableció comunicación para trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo estatal, se elaboró un diagnóstico real de la situación actual y como prioridad se propusieron vigilar la transferencia, adquisición, destino y utilización de los 520 millones de pesos que redireccionó este Congreso para la lucha contra el coronavirus.

En orden cronológico mencionó las reuniones virtuales en las que comparecieron funcionarios de la administración pública estatal: Jorge Guzmán Nieves, titular de la Secretaría de Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, SAGARHPA; Enrique Clausen Iberri, titular de Salud; Jorge Vidal Ahumada, titular de la Secretaría de Economía; Manuel Puebla Espinoza de los Monteros, titular de la Secretaría de Desarrollo Social; y por último, Raúl Navarro Gallegos, titular de la Secretaría de Hacienda del Estado.

“Seguiremos trabajando por Sonora, que hoy, como todos los demás estados de la República y muchos países del mundo, enfrentamos una situación difícil”, exteriorizó.

La Comisión Especial COVID-19 está integrada además por los diputados María Dolores Del Río Sánchez, Luis Mario Rivera Aguilar, Rosa Icela Martínez Espinoza, Diana Platt Salazar, Alejandra López Noriega, Norberto Ortega Torres, Magdalena Uribe Peña, Marcia Lorena Camarena Moncada, Alicia Gaytán Sánchez y Francisco Javier Duarte Flores.

Jueves 16 de Julio de 2020 19:52

Escrito por Comunicado

Hermosillo, Son., julio 16 de 2020.- El Congreso del Estado recibió este día la notificación de la Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova, quien en ejercicio de la atribución que le confiere la Constitución Política del Estado de Sonora, determinó nombrar al ciudadano Daniel Núñez Santos como Fiscal Especializado en materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Establece que, en la hipótesis de que el Poder Legislativo objete el nombramiento señalado por el voto de las dos terceras partes, como lo establece la Constitución, con fundamento en el Artículo 97, párrafo tercero de la misma norma, designa a la ciudadana Alma Lorena Alonso Valdivia como Fiscal Especializada en materia de Delitos Electorales, y si este nombramiento vuelve a ser objetado, designa al ciudadano Gabriel Elías Urquides.

“Debe precisarse que en el caso de que el nombramiento referido en el primer párrafo de este escrito no sea objetado por este H. Congreso del Estado y, consecuentemente, el mismo adquiera firmeza para todos los efectos constitucionales y legales, no deben tomarse en cuenta ni tenerse por hechos los nombramientos referidos en los párrafos tercero y cuarto del presente escrito”, establece la Fiscal con relación al nombramiento de Daniel Núñez Santos.

El oficio fue presentado este día en la Oficialía de Partes y está dirigido al presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente, Francisco Javier Duarte Flores, quien durante la sesión ordinaria de hoy recibió en correspondencia otro escrito enviado el pasado 13 de julio por la titular de la FGJE, en el que hace del conocimiento del Poder Legislativo que el 9 del presente tomó la determinación de remover al ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez de su cargo como Fiscal Especializado en materia de Delitos Electorales.

Este documento se turnó a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, a donde también se envió una iniciativa con punto de Acuerdo presentada en la sesión de este día por la diputada Ernestina Castro Valenzuela, mediante la cual solicitó que la Diputación Permanente convoque a una sesión extraordinaria del Pleno y que se incluya en el orden del día la presencia del ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, a efecto de garantizar su derecho de audiencia en relación a la remoción de su cargo como Fiscal Especializado en materia de Delitos Electorales.

La legisladora planteó ante los diputados Francisco Javier Duarte Flores, Lázaro Espinoza Mendívil y Carlos Navarrete Aguirre, integrantes de la mesa directiva, que el Congreso del Estado tiene la facultad de objetar la remoción del titular de dicha Fiscalía, por lo que es necesario que la mesa directiva convoque a una sesión extraordinaria.

Agregó que la objeción debe realizarse en un término de diez días hábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley 102 que reformó la Constitución local, publicada el 13 de enero de 2017 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y el Artículo 97 de la misma norma jurídica, por lo que deben escuchar los argumentos que considere convenientes expresar el ciudadano Chirinos Benítez y el Congreso fijar su postura respecto a si ha de ejercer o no la objeción de la remoción.

“Debemos ser muy cuidadosos y vigilantes de evitar que el funcionamiento de nuestras instituciones dependa de la voluntad y capricho de algunos actores políticos o de otros servidores públicos, o bien, de los tiempos electorales que se avecinan”, puntualizó la diputada Castro Valenzuela.

Como el asunto no fue considerado de urgente y obvia resolución, la Presidencia lo turnó a la CRICP.

Aprueban enviar exhorto y turnan iniciativa a comisiones

En esta sesión ordinaria, la mesa directiva aprobó un Acuerdo por medio del cual resuelve emitir un exhorto al Presidente de la República y a la Gobernadora del Estado, para que en un esfuerzo coordinado, giren instrucciones específicas a las dependencias que correspondan con el objeto concreto de que se atiendan de manera inmediata las graves necesidades del pueblo Comca´ac.

El diputado Lázaro Espinoza Mendívil expuso que a raíz de la pandemia del COVID-19, los integrantes de la etnia Seri se encuentran en una situación irreversible que puede provocar la muerte de la mayor población de dicha comunidad, ya sea por la enfermedad causada por el coronavirus o por el hambre.

En otro punto del orden del día, la Presidencia turnó a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8 bis a la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público del Estado de Sonora, a efecto de que el cinco por ciento del presupuesto para obra pública se destine a la infraestructura de movilidad urbana, saludable, segura, sustentable y solidaria.

A nombre de la diputada Gricelda Lorena Soto Almada, el Presidente de la Diputación Permanente dio lectura a la iniciativa en la que destaca que con esta medida legislativa de presupuesto económico, se evitarían los temores de la ciudadanía de caminar o movilizarse en bicicleta por sufrir accidentes en su salud o mortales.

Con oportunidad se publicará en la Gaceta Parlamentaria el aviso de la próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente.

Jueves 09 de Julio de 2020 17:44

Escrito por Muralsonorense.com

+ Habría pagado más de 26 millones de pesos a compañías “fantasma"

GUAYMAS, Son.- En una relación que engloba operaciones presuntamente fraudulentas en las cinco entidades de la frontera norte de México, el Sistema de Administración Tributaria encontró pagos de facturas falsas por cientos de millones de pesos.

El análisis que aparece en la información oficial de la entidad federal responsable de captar las contribuciones de los mexicanos, hace ver que en el caso específico de Sonora, el gobierno del Estado no ha pagado servicios de empresas “fantasma” en el periodo revisado, pero sí lo han hecho cuatro municipios: Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas y Cajeme.

Y describe una lista de hechos contables donde se observa que en 2014, 2015, 2016 y 2018 estos cuatro municipios recibieron facturas por 141 millones 402 mil pesos, provenientes de 62 proveedores fantasma, de las cuales el gobierno de Nogales concentró un 70 por ciento de estos recursos, es decir, la ciudad fronteriza es el segundo municipio con más recursos públicos entregados a “contribuyentes incumplidos”.

Se extiende este dato al señalar que durante el periodo del ex alcalde panista, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, entre 2015 y 2016, en Nogales se gastaron más de 100 millones de pesos en servicios prestados por empresas luego boletinadas por el SAT.

A partir de 2017, Nogales registra cero transacciones con empresas fantasma.

EN GUAYMAS

En el informe “Desvíos de empresas fantasma en el norte de México”, Guaymas tiene un lugar “medio” entre los municipios que habrían entregado recursos a empresas “fantasma”.

Destaca en la lista en el periodo de 2014 y 2016, lapso en el cual se facturaron unos 28 millones de pesos, dos años donde compartieron el mando municipal el priista Otto Guillermo Claussen Iberri (2012-2015) y el panista Lorenzo de Cima Dworak (2015-2018).

Sin embargo, la vista se centró en el lapso de De Cima, quien durante su ejercicio y solo en ese año, pagó casi 26 millones de pesos. En breve la entidad fiscalizadora dará a conocer el informe de 2017 y 2018 para confirmar si la cifra creció y la forma en que actuaría para recuperar los montos no cubiertos por obligaciones evadidas, y hasta dónde están involucrados los gobiernos revisados.

Viernes 03 de Julio de 2020 21:53

Escrito por Comunicado

Hermosillo, Son., julio 3 de 2020.- Al reanudar actividades, la Diputación Permanente aprobó tres acuerdos en la sesión ordinaria presidida por el diputado Francisco Javier Duarte Flores, relativos a la autorización de la renuncia presentada por la Presidenta Municipal de Villa Hidalgo, y exhortos dirigidos a diversas autoridades en materia de seguridad para los sonorenses y de reactivación de actividades en el Poder Judicial del Estado.

El primer Acuerdo, al que dio lectura el diputado Lázaro Espinoza Mendívil, a nombre de la mesa directiva, establece que, en virtud de que el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Sonora ha calificado la causa como justificada, se aprueba la renuncia presentada por la ciudadana Nora Francisca Medina Campa al cargo de Presidenta Municipal de dicho órgano de gobierno, con efectos a partir de hoy.

La parte expositiva de la iniciativa refiere que las renuncias a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y regidores solamente procederán por causas justificadas que calificará el Ayuntamiento, de acuerdo al Artículo 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, además es facultad del Congreso o, en su caso de que éste se encuentra en receso, de la Diputación Permanente la aprobación de las renuncias a dichos cargos.

El resolutivo agrega que el Cabildo de Villa Hidalgo aprobó la propuesta de que sea el ciudadano Conrado Carranza Durazo quien asuma el cargo de Presidente Municipal, con efectos a partir de la aprobación de la mesa directiva del Congreso del Estado y hasta la conclusión de la presente administración, conforme lo establece el segundo párrafo del Artículo 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

El mismo se hará del conocimiento del ciudadano Jesús Ramón Merancia Ramírez, regidor suplente, a efecto de que rinda la protesta de Ley, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 157 de la Constitución local, y 25 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Se comisionó al diputado Fermín Trujillo Fuentes, para que en nombre y representación del Poder Legislativo, acuda a las tomas de protesta referidas.

Enseguida se aprobó una iniciativa con punto de Acuerdo mediante la cual la Diputación Permanente resuelve exhortar a los titulares de los poderes Ejecutivo Federal y Estatal, y a los ayuntamientos de la entidad, con el objeto de que, de manera coordinada, establezcan medidas y lleven a cabo acciones urgentes y contundentes que coincidan en un plan de pacificación, para evitar que grupos delincuenciales sigan atentando contra la paz y seguridad de los sonorenses.

A nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Duarte Flores expuso que salvaguardar la seguridad es la responsabilidad primaria y esencial del Estado mexicano, que contribuye a garantizar la integridad física y el patrimonio de la población, ya que son las bases fundamentales para el desarrollo económico.

“En este sentido, resulta indispensable emitir un llamado a los tres niveles de gobierno para que se fortalezcan las acciones en materia de seguridad pública, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de los sonorenses”, expresó.

El Presidente de la Diputación Permanente agregó que comparte el llamado que hace el Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora, quienes han manifestado la necesidad de llevar a cabo acciones urgentes por parte de los tres órganos de gobierno, para detener los actos violentos que se vivieron en días pasados, como los asesinatos perpetrados en los municipios de Empalme, Guaymas y Caborca, Sonora.

“Tales hechos son constancia del deterioro que ha sufrido la seguridad pública en Sonora, el cual a decir del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, ha llegado a niveles preocupantes, pues según cifras oficiales, en el Estado uno de cada tres sonorenses han sido víctimas de un delito en 2018, lo que coloca a Sonora como la octava entidad con mayor tasa de homicidios dolosos en 2019, y en noveno lugar nacional en homicidios dolosos en el primer trimestre de 2020”, externó.

Duarte Flores reiteró la necesidad de emitir un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objeto de que, de manera coordinada, establezcan medidas y lleven a cabo acciones urgentes y contundentes, para evitar que grupos delincuenciales sigan atentando contra la paz y seguridad de los sonorenses.

El tercer Acuerdo aprobado resuelve exhortar al Consejo de Salubridad General y al Consejo Estatal de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado pueda reanudar labores, de forma paulatina y con la adopción de las medidas de prevención necesarias.

“Desde el mes de marzo se suspendieron labores en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, recibiendo solamente asuntos relacionados con el área penal y de alimentos, dejando de lado los asuntos mercantiles y civiles. El derecho al acceso a la justicia previsto en nuestra Carta Magna no distingue de una rama del Derecho y de otra, sino que es amplia y en todos los sentidos”, aseveró el diputado Carlos Navarrete Aguirre.

A solicitud de diversos abogados litigantes es que presentó la iniciativa, dijo, para exhortar a los dos consejos de salubridad, a fin de que en el ámbito de sus competencias, decreten que la actividad judicial debe reiniciar labores en todas sus ramas.

Aclaró que este exhorto no significa que pretendan que se hagan tumultos de ciudadanos en los juzgados, ni de que de un día para otro normalicen su actividad, sino que sea de manera paulatina y coordinada con las autoridades sanitarias competentes.

Con oportunidad se informará el día y la hora de la próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente.