Golpe a la corrupción en penales
+ Detienen a 12 funcionarios del Cereso Hermosillo I
HERMOSILLO, Son., 26 de febrero de 2013.- La Procuraduría General de Justicia del Estado descubrió una red de corrupción al interior del Cereso I de Hermosillo, y logró establecer la presunta participación de 12 funcionarios del Sistema Penitenciario, de los cuales 9 ya están detenidos y 3 están prófugos, informó Carlos Alberto Navarro Sugich.
El Procurador General de Justicia del Estado de Sonora reveló además que, al llevar a cabo una auditoría a los procesos de liberación de los internos del Centro de Readaptación Social de Hermosillo I, se estableció que fueron en total cinco los internos que obtuvieron su libertad.
Esto se logró luego de que se modificaran las penas impuestas por un Juez y mediante la falsificación de documentos.
El Fiscal del Estado señaló que los detenidos son: Gastón Walterio Walters Padilla, de 54 años de edad, quien fungía como Director General Jurídico del Sistema Estatal Penitenciario; Jesús Francisco Cabrera Ramos, de 35 años de edad; Rodolfo Leonardo Barceló Moreno, de 40 años de edad; David Robles Santacruz, de 47 años de edad; y Gerardo Sandoval Lara, de 28 años de edad; todos ellos tenían el cargo de Auxiliar Jurídico del Cereso Hermosillo I.
Además, dijo, se encuentran detenidos: Felipe Reyes Robles, de 36 años de edad, quien era Jefe de Ayudantía en el Cereso Hermosillo Uno; Ramón Jesús Mendívil Valenzuela, de 35 años de edad, el cual era Jefe de Grupo del Cereso Hermosillo Uno; Guadalupe Valenzuela López, de 48 años de edad, Oficial de Seguridad del Cereso Hermosillo I y José Guadalupe Norzagaray Bastidas, de 59 años de edad, Oficial de Seguridad comisionado al área de Ayudantía del Cereso de Hermosillo Uno.
Navarro Sugich señaló que se encuentran prófugos Iván Rafael López Tarazón, de 38 años de edad, quien era el Subdirector Jurídico del Cereso de Hermosillo I; Jesús Mendoza Alegría, de 35 años de edad, el cual tenía el cargo de Auxiliar Jurídico del Cereso de Hermosillo Uno; y Francisco José Núñez Ruiz, alias "El Rorro", de 61 años de edad, mismo que se desempeñaba como Oficial del Cereso Hermosillo I.
Cómo se llevó a cabo el plan
El Fiscal del Estado reveló que de las declaraciones ministeriales de los presuntos responsables de esta red de corrupción, se desprende que fue Iván Rafael López Tarazón, coordinador Jurídicos del Cereso I quien le propuso a Gastón Walterio Walters, Director Jurídico del Sistema Estatal Penitenciario, lucrar con la evasión de reos. Propuesta que fue aceptada por Walters Padilla.
Fue así que al llevar a cabo el plan, Francisco José Núñez Ruiz, es quien se encarga de contactar a los internos y hacer el trato con ellos. La negociación consistía en reducir el tiempo de la sentencia de los internos a cambio de pagar una fuerte suma de dinero, esto, realizando la modificación del Sistema de Registro de Procesados y Sentenciados (SRPS) y alterando las boletas de salida definitiva de los internos.
En las declaraciones se establece que fue Núñez Ruiz quien hizo el trato directo con el interno Thelmo Reyes Palacios, alias "El Peruano".
Internos fugados
Carlos Alberto Navarro Sugich señaló que los internos del Cereso Hermosillo I que lograron su libertad de manera ilícita, con la ayuda de esta red de corrupción son: José Elías Mendía Silva, de 34 años, quien fue sentenciado por homicidio calificado a compurgar una pena de 50 años y se modificó el Sistema de Registro de Procesados y Sentenciados (SRPS) a 3 años, mediante la boleta de salida definitiva. Fue el primero en salir, con fecha 14 de agosto de 2012.
El segundo interno en obtener su libertad fue Luis Enrique Valdez Valenzuela, alias "El Choncho", de 48 años de edad, sentenciado por el delito de homicidio y violación a una pena de 28 años. Le faltaban dos años para compurgar su sentencia, fue liberado el 17 de septiembre de 2012 y el 04 de diciembre fue reaprehendido en la ciudad de Navojoa y reingresado al Cereso el 05 de diciembre.
El tercer interno en obtener su libertad fue Alejandro Rodríguez Palomares, alias "El Jando", de 38 años de edad, quien fue sentenciado por homicidio calificado a una pena de 12 años. Se modificó el SRPS a tres años dos meses, dando por compurgada la pena mediante la boleta de salida definitiva. Salió el 18 de diciembre de 2012.
El cuarto interno en salir fue John Jairo Acevedo Castro, alias "El John", de 28 años de edad, quien fue sentenciado a una pena de 8 años 6 meses por robo con violencia a casa habitación por dos o más personas, acumuladas en número de dos y por robo agravado en grado de tentativa. Se modificó el SRPS a 2 años 6 meses. Salió el 5 de octubre de 2012.
El quinto y último interno en salir del Cereso I fue Thelmo Reyes Palacios sentenciado por homicidio calificado a una pena de 28 años, 06 meses, 15 días. Se modificó el SRPS, dándose por compurgada su pena en 7 años, 6 meses y 15 días. Salió el 02 de noviembre de 2012.
Delitos y penalidades
El Procurador General del Estado señaló que los integrantes de esta red de corrupción fueron consignados por los delitos de: evasión de presos, por lo cual podrían alcanzar una penalidad de tres meses a seis años de prisión, y de diez a doscientos días de multa.
Por el delito de falsificación de documentos en general, por lo que podrían alcanzar una penalidad de un mes a tres años de prisión y de diez a ciento cincuenta días de multa. Así mismo, cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo sea ejecutado por un servidor público en ejercicio o con motivo de sus funciones, será sancionado, además, con destitución, en su caso, e inhabilitación para ocupar otro empleo, cargo o comisión públicos, hasta por tres años.
Por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, se podría imponer una penalidad de uno a ocho años de prisión, de veinte a doscientos cincuenta días multa y destitución, en su caso, e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos.
Y por el delito de cohecho, por el cual podrían obtener una penalidad que va de seis meses a 9 años de prisión, de 10 a 250 días de multa, destitución en su caso, e inhabilitación de seis meses a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.