Investigan a candidatos a gobernador de NL

CD. DE MÉXICO, 11 de mayo de2021.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, inició carpetas de investigación contra los candidatos al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, y se dijo que judicializará la primera.

La Unidad de Inteligencia Financiera aportó información contra Samuel García, así como de su padre Samuel Orlando García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y del padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados en forma ilegal, para fines electorales, aunque el titular, Santiago Nieto, dijo que aún no hay ninguna denuncia formal.

En el caso del priista Adrián de la Garza, se abrió la carpeta correspondiente, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero cuando dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado, lo cual “significa la compra y coacción del voto”.

Las reformas legales actualmente vigentes combaten precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente.

La FGR mencionó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se dio respuesta a un gran número de denuncias ciudadanas, en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ambos señalados, han declarado que esta acción sugerida por la Fiscalía General representaría una forma más de persecución política en su contra y emprenderán procedimientos legales para enfrentarla.